FAQ

Los informes generados por Visualeo son plenamente válidos desde el punto de vista legal. Estos informes son generados con una tecnología altamente segura (Blockchain) que certifica:

• La integridad del documento
• La identificación de la persona que lo ha generado (identificación del Verificador)
• La fecha exacta en que dicho informe ha sido generado

Además, la plataforma de Visualeo certificará la geolocalización de una determinada Tarea y así como información adicional aportada por el Verificador a través de metadatos.

El documento de Visualeo tiene la calificación jurídica de documento privado. Ello implica que su fuerza probatoria es distinta que la otorgada a los documentos públicos. Para más información sobre esta cuestión, haz clic en la siguiente pregunta.

Como se ha indicado, los informes de Visualeo son documentos privados. Éstos tienen menor fuerza probatoria que los documentos públicos, que tienen la mayor fuerza.

Un documento reviste la máxima fuerza probatoria cuando hace prueba plena en juicio de su integridad, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de las personas que han intervenido en ella.

Hacer prueba plena significa que dicho documento se presume válido salvo que se demuestre lo contrario, recayendo la carga de la prueba sobre la persona que ha impugnado la autenticidad de dicho documento en juicio.

Es decir, un informe de Visualeo que es impugnado, deberá posteriormente probarse su autenticidad.

Si se impugna la autenticidad del informe de Visualeo, la parte que lo haya presentado puede pedir que se le lleve a cabo la prueba que sea necesaria para comprobar su autenticidad. Por otro lado, si la parte que lo ha aportado no solicita la realización de prueba alguna para comprobar su autenticidad, el documento será valorado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica y en consonancia con el resto de pruebas que haya.

Sin embargo, es sencillo demostrar en juicio, en caso de impugnación, que el informe de Visualeo es auténtico. Habría que solicitar a un perito informático que comprobara la existencia del documento en cualquier verificador de la red blockchain. Incluso un juez podría llevar a cabo esta tarea si conoce el funcionamiento básico de la tecnología.

En el caso hipotético de que, tras la impugnación de un documento privado, se hubiera procedido a demostrar su autenticidad, ocurrirían dos cosas:

• Se haría prueba plena de contenido, tiempo y partes;
• Las costas, gastos y derechos causados durante la comprobación correrán a cargo de quien hubiese impugnado el documento.
• Cabe la posibilidad de imponer una multa si el juez apreciara mala fe en la impugnación.

Por tanto, es patente que la Ley castiga a quien impugna documentos auténticos.

La fuerza probatoria de la prueba documental (documentos públicos y privados) se regulan en la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. En el artículo 317 de la misma se enumeran los documentos públicos. Se indica también que serán documentos privados los que no entren dentro de la categoría de documentos públicos. La fuerza probatoria y la impugnación del valor probatorio de estos dos tipos de documentos los encontraremos en las secciones 2 y 3 del Capítulo VI de esta misma ley.

En lo que respecta a los medios para probar la autenticidad de documentación en soporte electrónico, aquéllos son más complejos y costosos que los documentos en soporte papel. En cualquier caso, actualmente la regulación de este procedimiento viene regulado en la Ley 1/2000 de 7 de enero y en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Finalmente la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en su artículo 24 regula la prueba de los contratos celebrados por vía electrónica afirmando que “la prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica (…) se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico”

El TSA es un mecanismo en línea que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo. El protocolo que emplea se encuentra en el registro de estándares de Internet. Además, el TSA actúa como “tercero de confianza” testificando la existencia de datos electrónicos en una fecha y hora concretos. Los documentos validados con un TSA harán plena prueba en juicio de integridad y tiempo.

Atendiendo a los requisitos de la LEC sobre fuerza probatoria, con un TSA se dotaría al sistema de una capa superior de validez ya que cumple con al menos dos de los tres requisitos previamente mencionados: constatar la fecha en que se produce la documentación y verificar que el documento concreto no ha sido alterado o modificado.